__________________________
__________________________
A continuación transcribimos la denuncia pública que nos hicieron llegar los prisioneros políticos y sociales del patio ocho de la cárcel Palogordo de Girón – Santander:
Prisión de Girón, 12 de abril de 2011
DENUNCIA PÚBLICA
Los internos de la Comunidad N° 8 de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo – Girón - (Santander); denunciamos ante la opinión pública y ante la comunidad regional, nacional e internacional que el INPEC en cabeza de la Dirección (Doctora DIANA ALEXANDRA NIETO GALVIS), Subdirección (Mayor R ZULUAGA ARIAS HERNAN) del panóptico mencionado ; han hecho caso omiso a los constantes reclamos, solicitudes y derechos de petición, que hemos presentado con el interés de plantearle los problemas que aquejan a la comunidad pero estos funcionarios no han tenido en cuenta nuestras peticiones vulnerando nuestros derechos.
De acuerdo a los siguientes hechos que fundamentan nuestra denuncia.
1. De antemano queremos subrayar que esta comunidad está conformada por personas de avanzada edad (3 edad); es decir un 70% de ella son abuelos.
2. De carácter urgente queremos denunciar que interno LUIS MATEUS BOLIVAR con TD 3702 de 64 años de edad el cual hace 15 días padece una disentería crónica hasta el punto que está defecando sangre, su salud se ha venido deteriorando paulatinamente y si no se le atiende debidamente con los exámenes necesarios y con la medicina correspondiente. De igual manera existen varios internos prese3ntando la misma situación, de igual manera si no se les presta atención se puede presentar un problema de salud pública ya que somos 1600 internos aproximadamente, más el personal de custodia, que está en contacto permanente con la comunidad exterior.
Con respecto a la salud del compañero LUIS, no queremos que suceda, o que se vuelva a presentar la misma historia del compañero JOSE ALBEIRO MANJARRES CUPITRE caso ya conocido y denunciado donde la penosa enfermedad de un cáncer de estomago cobro su vida, cuando los diagnósticos médicos le dijeron lo que tenía cuando ya era muy tarde.
3. De otra parte, también queremos denunciar la mala calidad y el mal estado de la alimentación, el día 23 de febrero de 2011, elevamos derecho de petición ante la dirección del establecimiento respaldado por 90 firmas donde presentábamos la queja por la mala calidad y el mal estado de la misma, sin darnos respuesta ni solución de fondo al problema desconociendo la facultad que nos otorga el artículo 23 de nuestra Constitución Política Nacional, convirtiéndose en una flagrante violación a nuestros derechos fundamentales y constitucionales.
4. De igual manera hace dos meses se elevaron las solicitudes gestionando los permisos de aseadores y hasta la fecha no han nombrado o autorizado los mismos, convirtiéndose esto en un problema de higiene y salud para la comunidad.
5. También hace un mes y medio se les ha solicitado una brigada de fumigación para las moscas y los sancudos y hasta la fecha no ha sido posible, y se requiere de urgencia porque hay una gran proliferación de estos insectos los cuales son vectores de enfermedades, (epidemiológicas, virales y bacteriológicas) a las cuales estamos expuestos o vulnerables toda la comunidad sin que las autoridades penitenciarias hayan tomado cartas en el asunto.
6. Así mismo para manifestar que se le ha estado solicitando reiteradamente a la dirección del penal y al dragoneante BERNAL LEONEL el cuales el cónsul de los derechos humanos, que realicen la elección del representante de Derechos Humanos del patio N°8 y hasta la fecha la comunidad no tiene vocero, frente a lo cual han hecho caso omiso a todas nuestras solicitudes, con la única intensión de que la comunidad no tenga un representante que garantice dentro del valor, el respeto, la ejecución y cumplimiento de nuestros derechos.
Las faltas cometidas por los funcionarios aquí mencionados son:
- Omisión a las solicitudes presentadas por la comunidad.
- Vulneración a nuestros derechos
PRETENSIONES
1. Que la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Regional de Santander, Defensoría del Pueblo en Bogotá, Defensoría regional de Santander y la Personería Departamental; inicien las investigaciones disciplinarias contra los funcionarios del INPEC aquí mencionados por las faltas cometidas e incurridas reiterativas contra las necesidades de la comunidad N°8.
2. Por lo expuesto en los anteriores hechos solicitamos su intervención para que respalden nuestras peticiones y envíen sus cartas de apoyo a las siguientes autoridades colombianas, solicitamos el apoyo de la ONG de Derechos Humanos internacionales, sindicatos y las entidades y autoridades que velen por la vida, la dignidad, la salud y el bienestar de las personas en alto grado de vulnerabilidad.
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón – Palogordo – (Santander) Teléfonos: 6501725, 6501726, 6501727, 6501728, 6501729.
____________________________________________
__________________________________________
DECLARACIÓN POLÍTICA V ENCUENTRO
Durante los días 10, 11 y 12 de marzo del 2011, nos encontramos más de 300 delegados del MOVICE de todo el territorio colombiano y en resistencia al olvido y a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, hermanados en el sueño de una Colombia en Paz con Justicia Social, convocados en la memoria de nuestras víctimas, fortaleciendo nuestra unidad y convocando a otros y otras Movimientos y sectores sociales y políticos.
Deliberamos sobre la actual situación frente a Derechos Humanos, Ley de Víctimas, tierra y territorio y Conflicto Social y Armado junto con su solución política y negociada:
CONSTATAMOS
Sobre la situación de Derechos Humanos:
Que en desarrollo de la “Política de Seguridad Democrática” se han generado y se siguen presentando graves crímenes de Lesa Humanidad como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamiento forzado, violencia sexual, entre otros.
Que a través de la persecución realizada por el DAS, se han generado parte de estos crímenes y se ha desarrollado una campaña contra el MOVICE, en particular en la realización de su segundo encuentro nacional, de donde podemos afirmar que crímenes y judicializaciones cometidas contra miembros del Movimiento se han hecho bajo esta estrategia.
Que en desarrollo de la Política de Prosperidad Democrática la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales – Bacrim, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares.
Que el cambió en el lenguaje del discurso gubernamental de Seguridad Democrática a Prosperidad Democrática, de supuesta concertación y respeto a los derechos humanos, no ha trascendido a los hechos y se mantiene la violencia sociopolítica, impunidad y el conflicto social y armado.
Que continúa la criminalización de la protesta social, estudiantil, con el uso desmedido de la fuerza represiva del ESMAD, la judicialización de líderes campesinos, comunales, estudiantiles y defensores de derechos humanos, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, la violencia sexual, del control militar de la vida y del pensamiento crítico.
Que los crímenes se desarrollan en regiones del país donde persisten grandes intereses económicos, de la agroindustria, de la infraestructura comercial hacia el desarrollo de megaproyectos de extracción de recursos naturales.
Que los crímenes de violencia sociopolítica se agudizan con la ausencia de garantías a los derechos fundamentales a la vida, la salud, la vivienda, el trabajo, el medio ambiente y a un desarrollo autónomo desde las prácticas tradicionales de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.
Que se mantiene la crítica situación de los presos políticos y en particular de las mujeres recluidas en cárceles bajo procesos de persecución judicial.
Que se evidencia la decisión del Gobierno por generar división al interior de las víctimas y organizaciones sindicales, de derechos humanos y sociales, a través de diferentes propuestas como la de una conferencia nacional de derechos humanos que como está planteada no responde a las propuestas del movimiento señaladas desde su creación.
Sobre el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
Que después de 5 años de aplicación de la Ley 975 de 2005, los avances en materia de verdad siguen siendo irrisorios y con ausencia de justicia. Por ello nos preocupa que se estén planteando reformas que profundizarían el desconocimiento de los derechos de las víctimas, como es el caso de la Ley de Justicia Transicional y reformas en procedimientos judiciales.
Que el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha sido presentado sin consulta y su trámite avanza sin brindar garantías de protección a los derechos de las víctimas, incluyendo además falencias fundamentales con respecto a los estándares internacionales.
Que el Estado colombiano se niega a reconocer su responsabilidad en los crímenes cometidos negando con ello los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición.
Sobre la situación de Tierras y Territorio.
Que persiste el despojo de tierras y territorios, con ausencia de procesos de restitución que resuelvan la situación integral de los desplazados en el país. Manteniéndose las violaciones a los derechos humanos y falta de protección de quienes se atreven a reclamar su derecho a restitución y retorno a la tierra y territorio.
Que la restitución planteada desde el plan de choque del ministerio de agricultura pretende legalizar el despojo, entregando una ínfima parte de las tierras y profundizando el modelo de agroindustria, extracción de recursos y de infraestructura con extranjerización de la propiedad de la tierra en función megaproyectos.
Que al despojo violento de tierras y territorios se suman mecanismos legales como el Plan de Desarrollo 2010 – 214, Política minero energética, planes de reordenamiento territorial y ampliación de la frontera agrícola.
Sobre la profundización del Conflicto Social y Armado
- Que persisten estrategias militares de la fuerza pública de arrasamiento, de restricción de derechos, de consolidación de zonas militares, en el control de la vida civil y el territorio.
- Que es este contexto las FARC EP y el ELN han expresado públicamente su disposición hacia un diálogo y negociación de Paz en medio de la guerra. Parte de esta voluntad se evidencia en la entrega unilateral de retenidos con la mediación de Colombianos y Colombianas por la Paz.
- Que ante esta voluntad de paz, el gobierno ha dicho que tiene la llave de la paz, sin embargo aún no se concreta éste escenario, el cual no sería solo de interés de las partes sino de la sociedad en general.
Atendiendo a las anteriores consideraciones, a sus estrategias y al mandato de las víctimas organizadas en los veinticuatro capítulos que integran nuestro movimiento, el V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado,
RESUELVE
1. Continuar oponiéndonos a la política de “Seguridad Democrática”, hoy en su nueva versión llamada de “Prosperidad Democrática”. Denunciar, la estrategia de múltiples falsos positivos que ha incluido, no solo las ejecuciones extrajudiciales de miles de personas, sino además el encubrir la reingeniería paramilitar con falsas desmovilizaciones y reinserciones así como la realización de montajes judiciales. El Movice no ha reconocido, ni reconocerá denominar las estructuras paramilitares, como bandas criminales o asimilar estrategias de criminalidad de Estado con la delincuencia común.
2. Adelantar todas las acciones jurídicas y políticas, frente a la persecución ejercida por el DAS, que conlleven a desenmascarar y judicializar ante los tribunales a los máximos responsables de estos crímenes, principalmente al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.
3. Emprender acciones conducentes a que los funcionarios involucrados en la suplantación de las desmovilizaciones, beneficiarios del despojo y de reinserciones respondan patrimonialmente para restituir los recursos dilapidados por parte del Estado en estos montajes.
4. Incidir en la propuesta presentada ante el Congreso de la República de modificaciones estructurales al proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras, no sin antes advertir que este ha sido inconsulto con las víctimas. Esperamos que dichas propuestas sean incorporadas, pero al mismo tiempo advertimos que de persistir en el proyecto el carácter abiertamente inconstitucional y contrario a los estándares internacionales en esta materia, demandaremos esta norma ante la Corte Constitucional.
5. Persistir en la movilización y fortalecimiento de los procesos organizativos, tal como lo hemos hecho, con la ley 975 de 2005, decreto 128 de 2003, con las extradiciones, el estatuto de desarrollo rural y todas aquellas normas que violan o limitan los derechos de las víctimas. El MOVICE considera que la fuerza social principal para acabar con la impunidad y los crímenes de Estado en Colombia reside en la capacidad organizativa y en la iniciativa de las víctimas.
6. Convocar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional en el acompañamiento y apoyo de todas las acciones que en materia de restitución, retorno, recuperación, resistencia y redistribución de la tierra emprendan las comunidades indígenas, afro descendientes, campesinas, (desplazadas o en resistencia) y habitantes de zonas rurales, que han sido víctimas de prácticas de despojo. Llamar a la realización del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías como una expresión de la unidad de agendas de acción de campesinos, indígenas, afro descendientes, desplazados, pobladores urbanos, sindicalistas, estudiantes y demás víctimas del despojo.
7. Exigir al Estado Colombiano y a la insurgencia concertar mecanismos para una pronta solución política y negociada al conflicto social y armado. En ese sentido, respaldar las iniciativas de Paz de la sociedad civil como la de Colombianos y Colombianas por la Paz, que persiguen mediante una agenda humanitaria llegar a la mayor brevedad a una mesa de negociación que ponga punto final al conflicto armado y que ofrezca una solución con justicia y democracia a la larga confrontación que ha sufrido el país. El MOVICE anuncia la decidida voluntad de construir una agenda propia con propuestas desde las víctimas hacia la paz.
8. Anunciar la inauguración del centro de memoria sobre el genocidio político contra la Unión Patriótica, como paso trascendental hacia la construcción de un Centro de Memoria contra la criminalidad estatal. El MOVICE saluda y fomenta continuar con las distintas iniciativas de memoria constituidas a la fecha.
9. Expresar solidaridad con las personas detenidas y judicializadas por motivos políticos o de conciencia, especialmente a Carmelo Agamez, Nelson de Jesús Gómez, Winston Gallego, David Ravelo, Imber Barrio, Harry Castillo y Carolina Rubio, integrantes del MOVICE víctimas de persecución judicial.
10. Ratificar la necesidad de construir una estrategia de lucha contra el exilio y apoyar los esfuerzos de los capítulos de víctimas que desde el exterior han trabajado por la construcción de esta nueva estrategia.
11. Finalmente, llamar al Movimiento Social, de Derechos Humanos y Paz a responder de manera unitaria a la actual política gubernamental de concertación sin garantías reales. La unidad debe constituirse en el pilar fundamental de los movimientos sociales en Colombia. El MOVICE saluda y corrobora su voluntad de trabajo conjunto al lado de expresiones como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Minga de Resistencia social y comunitaria, el Techo Común, la CUT, la Gran Coalición democrática, los procesos indígenas y afrocolombianos.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Bogotá, marzo 12 de 2011.
--
Somos semillas, somos memoria.
Somos el sol que renace ante la impunidad.
*********************************************
*********************************************
COMUNICADO
EL TERRORISMO NO DA TREGUA EN LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO. EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA CUT SANTANDER RECHAZA TENTATIVA DE HOMICIDIO CONTRA UN ABOGADO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS – SECUESTRO CONTRA MENOR DE EDAD Y AMENAZA DE MUERTE POR PARTE DE LOS PARAMILITARES CONTRA MARTHA DIAZ – DAVID FLOREZ Y ORGANIZACIONES SINDICALES
El Comité de Derechos Humanos de la CUT Santander; en representación de los trabajadores pertenecientes a la central en el departamento, dentro del marco de los derechos humanos y consecuentemente con la lucha que libran los sectores populares y a su vez victimas del régimen asesino del actual gobierno, rechaza enérgicamente la tentativa de homicidio contra el abogado defensor de derechos humanos WILLIAM CRISTANCHO DUARTE y del dirigente sindical de USDEVI LUIS HERNANDO MARTINEZ, quienes fueron objeto de un atentado con arma de fuego cuando se desplazaban en un vehículo el día 10 de Diciembre (día internacional de los derechos humanos) hacia la cárcel de mediana y alta seguridad de Palo Gordo en el sitio conocido como Bahondo en las afueras del municipio de Girón (Sder), de igual forma nos pronunciamos en solidaridad y condenamos los hechos ocurridos el día 29 de Diciembre por el secuestro cometido contra la menor de edad CAOD, (hija de Martha Díaz), quienes la abordaron a nombre de los paramilitares que operan en el Magdalena Medio y en la zona metropolita de Bucaramanga, la introdujeron en un taxi, la transportaron y la dejaron en la vía Bucaramanga Girón en la altura del puente El Bueno, con un sobre de manila cuyo interior aparece amenaza de muerte y destierro contra la dirigente sindical y Presidenta de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos ASTDEMP, MARTHA CECILIA DIAZ, al compañero DAVID FLOREZ, Ejecutivo de la CUT Santander, y demás Asociaciones Sindicales.
Estos hechos ocurridos antes de finalizar el año 2010 es una realidad más de persecución, amenaza y muerte que afecta a las Organizaciones Sindicales, Populares y Defensores de Derechos Humanos en Colombia donde el Estado con sus aparatos Ilegítimos y legitimadores, con el poder judicial, organismos de seguridad, Ministerio Público y otros al unísono avalan sus políticas de persecución política, exterminio físico y judicializaciones, falsos positivos y masacres, implementadas por el anterior gobierno y continuadas por el actual Presidente Santos.
El Comité de Derechos Humanos de la CUT Santander, exige al Presidente JUAN MANUEL SANTOS, al Vicepresidente ANGELINO GARZON, al Ministro del Interior y de Justicia, GERMAN VARGAS LLERAS, al Defensor del Pueblo WOLMAN PEREZ, cumplan con su mandato constitucional dentro de un estado social de derecho y se brinden las garantías mínimas a la oposición; llamamos a los sindicatos y organizaciones del pueblo a que se manifiesten solidariamente; reitera ante los organismos de Derechos Humanos y opinión pública nacional e internacional que las políticas de terrorismo de estado y de guerra contra el pueblo se agudizan; y sistemáticamente se continúa con violaciones a los Derechos Humanos del pueblo Colombiano.
VIVA LA SOLIDARIDAD Y LA LUCHA DEL PUEBLO COLOMBIANO
Fraternalmente,
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS CUT SANTANDER
Bucaramanga, Enero 04 de 2011
NOTA: ANEXAMOS HECHOS
ASUNTO: DENUNCIA SOBRE TENTATIVA DE HOMICIDIO
HECHOS
1. En el día de hoy, 10 de diciembre de 2.010, yo WILLIAM CRISTANCHO DUARTE, Abogado defensor de derechos humanos, fui recogido en mi residencia por Don Mario Gómez, conductor del vehículo de placas XVX-914 quien me prestó los servicios de transporte para llevarme a la cárcel de mediana y alta Seguridad de Palogordo en Girón, siendo aproximadamente las 6:00 de la mañana, posteriormente nos dirigimos a recoger al señor LUIS HERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ, a quien le pedí que me acompañara como amigo y conocido de confianza. Pues el destino era la Palogordo, pues me iba a entrevistar con varios internos de los cuales soy su apoderado.
2. Siendo aproximadamente las 6:40 de la mañana cuando transitábamos hacia la cárcel de Palogordo a la salida de Girón sector de Bahondo en el sitio donde se encuentra un puente que están fundiendo, una persona realizó dos (2) disparos con arma de fuego contra mi integridad física, impactando en la parte trasera del vehículo, rompiendo el vidrio de la parte de atrás, encontrando posteriormente una ojiva en la parte de la puerta del vehículo y la otra en la parte de la silla donde me encontraba sentado. No sufrimos lesiones ni heridas. Los disparos provenían de la parte izquierda exterior del vehículo hacia la puerta trasera izquierda y el vidrio trasero.
3. Junto con el señor LUIS HERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ quien me acompañaba, percibimos de que eran disparos y nos alarmamos viendo además el estado de destrozo en que quedó el vidrio de la parte trasera; le dijimos al conductor del vehículo, don Mario Gómez, que por favor no parara y que siguiéramos a toda marcha hacia la ciudadela Nuevo Girón, vía Palogordo, para evacuarnos del sitio de los hechos. Una vez nos ubicamos en ese sitio nos bajamos del carro, previamente por medio de comunicación móvil, llamé a Don Marcos Nieves Martínez, para que se comunicara de inmediato con la Policía Nacional, Oficina de DD.HH. de la Desan, para pedir protección, siendo atendido por el intendente de Policía Gustavo Amador Cuadros.
4. Mi situación de hostigamiento, amenazas y la del frustrado atentado en el día de hoy, 10 de Diciembre del 2.010, tiene antecedentes de amenazas contra mi vida por mi labor de Abogado apoderado de víctimas de diferentes hechos y tiene posible nexo causal con las amenazas que recibí el día 26 de Octubre del 2.010, en la municipalidad de Piedecuesta con ocasión de la audiencia citada de imputación y medida de aseguramiento contra los militares GUSTAVO ADOLFO OSORIO GIRLADO, MANUEL CRUZ YLE MENSA, JOSE ANTONIO HERNANDEZ RIOS, WILSON GOMEZ ALVARADO, PEDRO JESUS TORRES WILCHES, JOSE MARCEMILIANO GARCIA BERNAL y LUIS MODESTO BARRIOS ARGUELLO, adscritos al Batallón Caldas de la Quinta Brigada, sindicados de la muerte aleve de dos ciudadanos de nombre JULIO CESAR CARDOZO QUIÑONEZ y JOSE DEL CARMEN BARBOSA PATIÑO, y del homicidio imperfecto de los señores ciudadanos JHON EDISON MONTAÑEZ FERRER. Ocurridos el día 19 de Octubre del 2007; quien lleva la noticia criminal es la Fiscalía 65 de Derechos Humanos con No. 68.001.6000.159.2007.03949, a cargo del Dr. HERNANDO CASANOVA GONZALEZ.
5. Esta situación sufrida por amenazas del día 26 de Octubre del 2.010, fue puesta en conocimiento de manera inmediata ante el Comandante de la Policía Nacional -MEBUC-, y posteriormente mediante escrito a ente investigador oficina de asignaciones el día 10 de noviembre del 2.010, e igualmente al señor Fiscal de la UDH-DIH.
UNA MADRE SOLICITA URGENTE LA SOLIDARIDAD
Siendo las 8:30 p.m., a la salida del barrio Marsella Real de la Ciudadela Real de Minas de Bucaramanga, Camila Andrea Ortiz Díaz Mi hija menor que cuenta con 17 años de edad estaba esperando un taxi para dirigirse al apartamento donde vive en Floridablanca, un tipo se bajo de un taxi y la obligo a subirse en la parte de atrás del vehículo, donde la tiro al piso del taxi y con un revolver la obligo a bajar la cabeza, diciéndole que si ella sabia que Martha Díaz era una guerrillera, que si sabia que todos los actos que estaba realizando contra el gobierno tenían consecuencias como la que estaba ocurriendo, que si sabia que andaba con mas guerrilleros como David Flórez, le manoseaba la cara y le decía que lastima que las ordenes eran otras, me mandaron razón “que si seguía con mis actividades de guerrillera”, las consecuencias serian peores, además de muchas vulgaridades contra mi persona que no vale la pena escribirlas; después de todo el maltrato verbal y psicológico, mas abajo del puente el bueno por la vía que conduce de Bucaramanga a Girón, la tiraron del carro a la carretera, le botaron encima un sobre de papel manila, ella llego hasta las casetas que hay en el puente y siendo las 9:19 p.m. llorando histérica se comunico vía celular, me conto lo que sucedió y me pedía el favor que la recogiera que estaba sola y muy asustada; sabiendo que DIDIER RIVERA unos de los escoltas viven como a 10 minutos de sitio lo llame al avantel y le dije que mi hija estaba en peligro, que por favor la recogiera, así fue como este muchacho, llego en casi cinco minutos, con una patrulla de la policía detrás porque tenia exceso de velocidad. Al llegar a mis brazos la niña estaba desconsolada y no era capaz de hablar me entrego un sobre de papel manila con el siguiente contenido:
También debo denunciar otros hechos que han venido dando durante estos últimos meses, donde hacen llamadas a mi celular, y me insultan, dicen que me vaya, también llaman a los celulares de mis dos hijas de donde me mandan razones de igual manera, lo mas extraño es que aparece como numero no identificado y después en el registro de llamadas es como si no hubiesen hecho dichas llamadas. También decir que a mi hija mayor en la UIS, en varias ocasiones la han fotografiado, cuando se van a preguntar para qué son las fotos, salen corriendo.
Mediante este comunicado donde hago la denuncia como dirigente sindical y como Madre preocupada y consiente que esta arremetida que soporto es el precio a pagar por la firme conciencia de clase que expresamos como organización sindical, ya que ASTDEMP ha sido incansable en la lucha contra los corrupción y la denuncia de los vínculos paramilitares de algunos alcaldes en Santander, recurro nuevamente a La solidaridad de la comunidad internacional, nacional, a los medios de comunicación, , a la opinión publica en general y a los afiliados, para denunciar estos nuevos hechos ya que según el contenido del panfleto no es solo contra mi vida y la mi familia sino también se hace extensiva a todos y todas los que desarrollan y promueven la transformación de la sociedad capitalista y mantienen su identidad de clase.
Como Madre denuncio al Estado Colombiano por ser el culpable del secuestro de mi hija, por ser inoperante e insensible en estas situaciones ya que se amparan en leyes creadas por el mismo, para negarle una verdadera protección a mis hijas a quienes a pesar de tener medidas cautelares por la CIDH, solo dicen que el programa de protección no las cobija, estas actuaciones lo que buscan es dar impunidad y vía libre a los actos que estos criminales dirigen contra el movimiento social en Colombia. Por lo tanto cualquier consecuencia de sus actuaciones, el Estado Colombiano en cabeza de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS será el único responsable.
Como ASTDEMP EXIGIMOS al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal medidas Correctivas y de seguridad que garanticen la libertad de expresión y movilización y a su vez castigo a los responsables de estas amenazas…. NO MAS IMPUNIDAD.
SOLICITAMOS, la solidaridad del movimiento sindical, las ONG,s de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, el Movimiento Social, para que se pronuncien ante el Gobierno para que se tomen las medidas necesarias tendientes a respetar el derecho a la vida, de libre Asociación Sindical, a la protesta que ejerce ASTDEMP en el Departamento de Santander.
PUBLICADO SIN MODIFICACIONES POR ACEU SANTANDER
FUENTE: COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS - CUT SANTANDER
ACEU - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
