(Foto: Nelson Díaz / VANGUARDIA LIBERAL)
Rompiendo de manera sibólica la propuesta de reforma a la Ley 30 y convocando a una movilización el próximo 7 de abril, la comunidad estudiantil de la Universidad Industrial de Santander manifestó su rechazo a la iniciativa del Gobierno Nacional.
De esta manera lo expresó durante su intervención Liliana Santamaría, estudiante que tomó la vocería durante el Quinto Foro Regional sobre la Educación Superior en Colombia realizado ayer en la ciudad.
En su intervención, Santa maría catalogó la reforma a la Ley 30 como una determinación “desmesurada e inconstitucional” y criticó enfáticamente los convenios con entidades privadas: “la dependencia económica es una renuncia a nuestra autonomía universitaria. Los estudiantes rechazamos la reforma… si entra la inversión privada, la educación pública dejaría de ser un derecho fundamental y se violentaría el principio de autonomía universitaria”.Y es que tal y como lo han expresado grupos estudiantiles de otras instituciones públicas del país, la comunidad de la UIS manifestó su preocupación ante una posible privatización al aprobarse la reforma.
La vocera estudiantil enfatizó en que “la participación en el foro no es una actitud de acompañamiento o respaldo”, por el contrario “decimos no al Plan de Desarrollo, no a la reforma a la educación... convocamos este 7 de abril a una movilización masiva de pensamientos”. Si bien el foro de ayer, programado por el Ministerio de Educación Nacional, tuvo en algunos momentos arengas y uno que otro comentario provocador por parte de algunos estudiantes, la jornada se desarrolló en calma y sin protestas o manifestaciones a gran escala; tal y como ocurrió en otras ciudades.
Viceministro presentó y defendió la propuesta
“La privatización es un fantasma que ya tiene más de 40 años, y que no se ha dado”. De esta manera, el viceministro de Educación superior, Javier Botero Álvarez, aseguró que el temor sobre una inminente privatización no tiene fundamento. Es más, enfatizó que “estamos proponiendo otorgar más recursos y estamos dando el marco jurídico para que haya más inversión privada en proyectos específicos”. El viceministro explicó: “Estas alianzas, que están siendo catalogadas como acciones de privatización, se darían a través de convenios de asociación… sabemos que la propuesta no resuelve los problemas financieros de las universidades públicas, pero aporta a la solución”.
“Mediante esta reforma el Estado le apuesta a la educación pública, le pone más recursos y permite que también pueda hacer alianzas para fortalecer la educación”. Luego de presentar y defender el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, Javier Botero Álvarez le enfatizó a los asistentes al foro que “no hemos presentado un proyecto de Ley, lo que queremos es enriquecer una propuesta, un borrador, y modificarla si hay buenos planteamientos antes de ponerla a consideración del Congreso. De esta manera queremos iniciar un proceso de evaluación y análisis de la propuesta de reforma a la Ley 30”.
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